En Trujillo, la realidad penitenciaria preocupa a las autoridades y familiares de internos. El penal El Milagro, diseñado para albergar entre 1300 y 1600 personas, actualmente supera los 6 mil internos, generando condiciones críticas para la seguridad y la salud de los reclusos. Este escenario refleja un problema recurrente en la ciudad: el hacinamiento penitenciario y la falta de recursos adecuados.
¿Qué deficiencias detectó la Contraloría en el penal?
Según Luis Castillo, vocero de la Contraloría, se identificaron serias fallas en el control interno. Las cámaras radiográficas, esenciales para revisar alimentos y objetos que ingresan, llevan más de un año inoperativas, lo que permite la entrada sin filtros adecuados de proveedores y tiendas internas. Esta situación expone a internos y personal a riesgos de seguridad graves.
¿Cómo afecta el hacinamiento a la infraestructura?
El hacinamiento penitenciario también impacta en la estructura del penal. El sistema de alcantarillado colapsó y proliferan vectores que aumentan el riesgo sanitario. Además, los servicios básicos como agua y electricidad resultan insuficientes para cubrir a todos los internos, generando condiciones insalubres y de alto riesgo para la población reclusa.
¿Qué pasa con los talleres de resocialización?
Los talleres productivos, clave para la resocialización de internos, solo pueden atender al 40% de la población. Esto deja a la mayoría sin acceso a actividades formativas o laborales, limitando su reinserción social y aumentando la tensión dentro del penal.
¿Qué medidas urgentes se recomiendan?
Especialistas recomiendan mejorar los mecanismos de control, reparar la infraestructura y aumentar la cobertura de los talleres de resocialización. Sin acciones inmediatas, la situación podría empeorar, poniendo en riesgo la seguridad y salud de los internos y trabajadores del penal.
