La Libertad vive días de tensión política mientras el Consejo Regional solicita a la gobernadora Joana Cabrera un mea culpa público. La presidenta del consejo, Lorena Carranza, recordó que la ordenanza 013-2022 permitiría censurar a funcionarios de confianza implicados en irregularidades. Este llamado se da en un contexto donde la fiscalía anticorrupción vigila de cerca el caso Qali Warma.
¿Qué implica la ordenanza 013-2022 y por qué es clave?
La ordenanza 013-2022, pendiente de promulgación desde hace un año, otorga facultades al consejo para sancionar a los funcionarios regionales. César Acuña renunció antes de aplicarla, dejando a varios servidores públicos sin control. Su aplicación permitiría mayor transparencia en el sector salud.
¿Quiénes se han pronunciado sobre la norma?
El vicegobernador Ever Cadenillas indicó que, por el momento, no se tiene en agenda promulgar la ordenanza. Por su parte, el consejero regional Robert de la Cruz respaldó la solicitud de Carranza, enfatizando la necesidad de fiscalizar a los funcionarios de confianza.
¿Qué consecuencias ha generado la falta de acción?
Actualmente, un exfuncionario, Aníbal Morillo, se encuentra detenido por presunta corrupción. Otros servidores públicos podrían enfrentar sanciones similares si la norma se aplica. Esto evidencia que la demora en la promulgación genera un vacío de control sobre la gestión regional.
¿Qué acciones se esperan en el corto plazo?
El 2 de diciembre, la mesa directiva citará a la gerente regional de Salud para que informe sobre el caso. Recién a mediados de mes, Joana Cabrera expondrá su plan de trabajo. La expectativa ciudadana es que la gobernadora responda de manera clara y se avance en la transparencia del sector público.
