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Aldo Carlos Mariño: “La pena de muerte es necesaria para extorsionadores y criminales en Pataz”

Desde que se declaró el estado de emergencia en la provincia de Pataz, el alcalde Aldo Carlos Mariño ha expresado su descontento. Asegura que estas medidas son solo documentos firmados para la foto, ya que no están acompañados por estrategias efectivas para combatir la criminalidad. A pesar de varios intentos de intervención, la realidad en Pataz sigue siendo alarmante, con escasos recursos y un número limitado de efectivos policiales.

La preocupante falta de recursos en la comisaría de Tayabamba

La comisaría de Tayabamba, capital de Pataz, enfrenta una crisis debido a la falta de unidades policiales y vehículos para llevar a cabo su trabajo. El alcalde ha señalado que, en numerosas ocasiones, la municipalidad ha tenido que prestar recursos a la policía, lo que pone de relieve una grave dependencia de la autoridad. Esta situación no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que también crea un ambiente de impunidad que fomenta el crimen.

Desapariciones y la fosa común: un drama social en Pataz

El alcalde Mariño se refiere a una fosa común hallada en terrenos de una minera, lo que agrava la situación en Pataz. La falta de transparencia y el registro de desaparecidos son temas que deberían estar en la agenda del Ministerio del Interior. La normalización del crimen es un fenómeno que preocupa a la población, que siente que no hay respuesta a sus demandas de justicia. La frustración se agrava con la falta de pronunciamientos de autoridades competentes, lo que lleva a un estado de desesperanza.

La posición de Mariño sobre la pena de muerte para criminales

Aldo Carlos Mariño ha manifestado su apoyo a la pena de muerte para extorsionadores y criminales. Enfatiza que el gobierno debe tomar decisiones radicales y dejar de ofrecer excusas sobre la falta de cárceles. Según el alcalde, los criminales no deben tener más derechos que sus víctimas. Su postura ha generado un debate en la sociedad sobre la efectividad de las leyes actuales y la necesidad de un enfoque más riguroso para enfrentar la criminalidad.