En medio de los esfuerzos por frenar la creciente ola de violencia vinculada a la minería ilegal, la provincia de Pataz, en La Libertad, vive un nuevo capítulo de restricciones. El Gobierno dispuso la ampliación del toque de queda y reactivó las actividades mineras formales y en proceso de formalización. Esta decisión llega tras semanas de tensión y pedidos urgentes de las autoridades locales.
¿Por qué se amplió el toque de queda en Pataz?
El nuevo decreto establece que el toque de queda regirá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, durante un periodo de 60 días, a partir del 8 de junio. Esta medida busca frenar a las bandas criminales ligadas a la minería ilegal, según confirmó el alcalde provincial Aldo Carlos Mariños. El burgomaestre respaldó la decisión y pidió la continuidad del estado de emergencia mientras no se logre recuperar el orden.
¿Se reanudaron las actividades mineras legales?
Sí. Las operaciones formales y en proceso de formalización fueron autorizadas nuevamente. Esta decisión fue bien recibida por los pequeños productores que luchaban desde hace un mes por continuar sus labores. El retorno a la actividad económica marca un avance tras semanas de parálisis. Sin embargo, el alcalde recordó que la presencia del Estado sigue siendo insuficiente.
¿Qué pidió el alcalde para enfrentar la crisis?
El alcalde Mariños exigió una mayor intervención del servicio de inteligencia y entidades estatales como SUNAT. Alertó sobre lo que llamó una situación “alarmante” dentro de los socavones. Sostuvo que el número de muertos por conflictos vinculados a la minería podría ser hasta 30 veces mayor a lo reportado oficialmente.
Además de seguridad, se necesitan proyectos de infraestructura básica como hospitales, asfaltado y electrificación rural. El alcalde propuso construir hidroeléctricas aprovechando las aguas del río Marañón, lo cual beneficiaría no solo a Pataz sino a toda la región. Esta obra, según dijo, podría reducir la dependencia económica de la minería.
¿Qué denuncias hizo sobre la gestión anterior?
Mariños cuestionó el uso de más de 20 millones de soles para obras de saneamiento en solo cinco anexos. Indicó que con una ejecución directa esos recursos habrían alcanzado para el doble. Denunció que la corrupción ha dañado la confianza en todas las instancias del Estado, desde el nivel central hasta los gobiernos locales.
