La situación del servicio de saneamiento en Casa Grande ha generado controversia en los últimos días, marcando un nuevo capítulo en la agenda política de la provincia de Ascope. El alcalde John Vargas sostiene que su distrito no puede continuar con un sistema colapsado y sin sostenibilidad, por lo que exige que el servicio de agua potable y alcantarillado se integre a la empresa Sedalib.
¿Por qué Casa Grande busca integrarse a Sedalib?
Según el alcalde, más de 19,000 habitantes carecen de un servicio sostenible. La ciudad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (petar), y las aguas servidas terminan en acequias o campos de cultivo. Esta situación vulnera normas sanitarias básicas y pone en riesgo la salud pública.
¿Qué impide que se concrete la integración?
La Municipalidad Provincial de Ascope aún no somete a votación el expediente del proyecto, pese a haber sido recibido hace casi dos meses. El burgomaestre denuncia omisión de funciones y asegura que este retraso frena una obra de cierre de brechas largamente esperada. A raíz de esto, Vargas incluso inició una huelga de hambre.
¿Existe un respaldo legal para este pedido?
Vargas sostiene que la Ley de Saneamiento y el Decreto Legislativo 1280 respaldan la integración de Casa Grande y Roma a una EPS como Sedalib. “No es un capricho personal”, indica, recordando que su gestión ha realizado gestiones ante diversas entidades como la OTASS, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Vivienda.
¿Qué rol juega el ministro de Transportes en esta controversia?
El ministro César Sandoval, natural de Casa Grande, intervino como mediador ante el Ministerio de Vivienda, a pedido del alcalde. Vargas niega cualquier tipo de tráfico de influencias y recalca que solo busca que el proyecto se evalúe conforme a ley. “Aquí no hay delito, solo voluntad política y técnica para salvar el saneamiento”, enfatiza.
