En medio del constante debate por medidas estatales polémicas, la región de La Libertad se convirtió en el nuevo escenario de una fuerte controversia nacional.
La reciente aprobación de una franja educativa obligatoria del 10% en medios de comunicación encendió las alarmas de varios gremios, especialmente entre los colegios profesionales. Voces como la del Colegio de Periodistas aseguran que la medida atenta contra la libertad y autonomía del sector.
¿Por qué la franja educativa obligatoria preocupa a los periodistas?
Según la decana del Colegio de Periodistas en La Libertad, Dina Yépez, la franja aprobada por el Congreso de la República representa un claro atentado contra la Constitución. Esta norma obligaría a los medios a ceder el 10% de su programación para contenidos educativos impuestos, sin que haya un debate técnico previo. Desde su perspectiva, esto refleja una estrategia propia de regímenes autoritarios.
¿Qué consecuencias económicas traería esta imposición a los medios?
Además del impacto en contenidos, se señala que esta franja obligatoria compromete la independencia económica de los medios. Como recuerda Yépez, los medios ya cumplen con el pago de impuestos como el IGV y el impuesto a la renta. Obligarlos a ceder espacio gratuito adicional se percibe como una carga desproporcionada, en una industria ya afectada por la caída publicitaria.
¿Qué respuesta plantea el gremio profesional?
La decana informó que se está articulando una reunión nacional entre colegios profesionales para debatir y tomar posición frente a esta norma. La propuesta es un pronunciamiento conjunto que pida la nulidad de la medida y defienda la libertad de expresión como un pilar democrático. Este movimiento busca presión ciudadana y gremial para revertir una norma vista como inconstitucional.
¿Qué alternativas legales existen para frenar la norma?
Constitucionalistas consultados por los gremios recomiendan que se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Según especialistas, en un plazo de hasta cuatro meses, esta ley podría ser derogada si se demuestra su incompatibilidad con la Carta Magna. Esto abre una vía legal, aunque no inmediata, para contrarrestar la imposición legislativa.
