En Lima, donde el clima social se tensiona por reclamos laborales, un grupo de mineros artesanales inició una protesta contra el cierre del proceso de formalización minera. La movilización ocurre tras la publicación de dos decretos supremos que, según el gremio minero, excluyen a miles de trabajadores del sector.
¿Por qué los mineros artesanales rechazan el cierre del Reinfo?
Los manifestantes exigen que se deroguen los decretos 019 y 012, pues afirman que más de 60 mil mineros quedaron fuera del Reinfo, el sistema provisional de registro. Según Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, esto significa un pase directo a la ilegalidad. El cierre afectaría también a quienes aún están en proceso y no lograrán culminarlo antes del 31 de diciembre.
¿Qué propone el gremio minero como solución?
Franco señala que no basta con prorrogar plazos. Propone crear una nueva ley de formalización, ya que el actual proceso exige contratos de explotación difíciles de obtener. En más de una década, apenas 2 mil mineros se formalizaron. El contrato depende de concesionarios privados que muchas veces se niegan a firmar, impidiendo el avance.
¿Quién debe combatir la minería ilegal?
Desde el gremio aseguran que la minería ilegal no debe confundirse con la minería artesanal. Aclaran que trabajan en zonas permitidas y que rechazan la actividad en zonas prohibidas. Afirman que es el Estado quien debe perseguir a los ilegales, pero no debe usar eso como excusa para cerrar la puerta a quienes buscan formalizarse.
¿Por qué quieren que el Estado compre el oro?
Los pequeños mineros no pueden abrir cuentas bancarias ni demostrar trazabilidad. Por eso, una de sus demandas es que el Banco de la Nación compre directamente el oro. Esto permitiría descontar impuestos automáticamente y garantizar el origen legal del mineral. Muchos de ellos ya tienen sedes productivas registradas y cumplirían con los requisitos.
¿Cómo evoluciona la protesta y el diálogo con el Gobierno?
Las conversaciones con el Ejecutivo y el Legislativo se suspendieron. Según Franco, el Gobierno impone condiciones inaceptables y no muestra disposición al diálogo. El gremio advierte que radicalizarán sus medidas si no hay respuesta, pues defienden su derecho a trabajar y evitar la exclusión de más de un millón de personas del sector.
