En medio de una creciente preocupación por la seguridad, Trujillo se suma a las ciudades del país que enfrentan una escalada en la inseguridad ciudadana. La situación ha sido advertida por el presidente de la Asociación de Serenos del Perú, Armando Jara, quien durante una entrevista detalló la precariedad que enfrentan los agentes municipales en su labor diaria de patrullaje. El representante indicó que el 90 % de los municipios del país no cumplen con las leyes que obligan a equipar adecuadamente a sus serenos.
¿Qué dijo Armando Jara sobre el avance de la inseguridad?
Durante la conversación, Jara afirmó que la inseguridad ciudadana se ha incrementado en un 90 % en todo el país. Alertó que ninguna región está exenta de amenazas como extorsiones, sicariato y ataques armados, comparando el avance del crimen con los peores años de violencia vividos en El Salvador. El dirigente advirtió que el crimen organizado ya estaría ingresando a etapas más violentas, como incendios de buses con pasajeros.
¿Por qué no se implementan las armas no letales para serenos?
Aunque el uso de armas no letales ya fue aprobado por ley para los serenos, su implementación sigue estancada. Jara denunció que solo el 10 % de los alcaldes ha adquirido chalecos antibalas y que el Ministerio del Interior no fiscaliza el cumplimiento de la normativa. Además, recalcó que los gobiernos regionales deben asignar presupuesto a los municipios sin recursos.
¿Qué propone la Asociación de Serenos para mejorar la seguridad?
La asociación promueve replicar el Plan Control Territorial aplicado en El Salvador. Ya se realizaron pasantías con serenos peruanos que visitaron dicho país y, como resultado, el distrito de Los Olivos logró erradicar la prostitución callejera mediante ordenanzas municipales y presencia constante del serenazgo. Jara insistió en que no se necesita más presupuesto, sino una mejor distribución del personal existente.
¿Es cierto que Perú coordina con El Salvador sobre seguridad?
El presidente de la asociación desmintió tajantemente que exista un convenio o gestión oficial entre Perú y El Salvador para transferir presos o replicar políticas. Aseguró que no hay ninguna coordinación entre los gobiernos de Dina Boluarte y Nayib Bukele, y calificó esa versión como populismo político sin sustento real.
