El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso 36 meses de impedimento de salida del país y una caución de S/50 000 soles a la jueza superior de Lima, Enma Benavides Vargas, investigada por asociación ilícita y cohecho pasivo.
La magistrada es investigada por liderar junto a María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García, una organización criminal destinada a la realización de delitos contra la Administración Pública confirmando u otorgando beneficios procesales irregulares, en su
condición de Jueces Superiores integrantes de la Sala “E” de la Sala Penal Nacional, durante el período que ejercieron funciones desde noviembre de 2012 hasta marzo de 2015.
Así mismo, son investigados por presuntamente desempeñar roles dentro de dicha organización:
- Rafael Martín Martínez Vargas, juez especializado penal integrante de la Sala Penal Nacional, que se encargaría de beneficiar y solicitar beneficios ilegales a procesados en primera instancia judicial.
- Carmen del Pilar Arias Tello, secretaria judicial de la Sala Penal Nacional quien laboró juntamente con el juez Rafael Martín Martínez Vargas, que se encargaría de tramitar y solicitar beneficios económicos ilegales a procesados, en primera instancia judicial.
- Walter Máximo Mendoza Pérez, abogado litigante que se encargaría de ser el nexo entre los magistrados y los procesados con la finalidad de que se vean beneficiados con la obtención de su libertad, previa cancelación de una ventaja económica ilegal.
- Ana Luisa Vásquez Aliaga, abogada litigante que se encargaría de ser el nexo entre los magistrados y los procesados con la finalidad de que se vean beneficiados con la obtención de su libertad, previa cancelación de una ventaja económica ilegal.
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