En Trujillo, la situación de los cesantes y jubilados volvió a generar debate público debido al prolongado retraso en el reconocimiento de los intereses laborales pendientes. Este problema se relacionó con un proceso judicial que depende de la entrega de documentación administrativa por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, un trámite que, según la defensa legal, no avanzó por negligencia de áreas internas. El conflicto arrastra años de espera y afecta directamente a personas que dedicaron décadas de servicio público.
¿Por qué los trabajadores exigen intereses pendientes?
Los extrabajadores reclamaron el pago de intereses acumulados tras una nivelación remunerativa que se resolvió después de once años. La demanda involucra a unos 250 trabajadores, quienes esperan montos que varían entre 7,000 y 30,000 soles, según el tiempo de servicio. Estos intereses representan parte de una compensación que el municipio ya reconoció, pero cuya ejecución quedó detenida en la etapa administrativa.
¿Qué documentación no entrega la municipalidad?
El **Poder Judicial** solicitó documentación específica a Recursos Humanos y a la Procuraduría Municipal para continuar el proceso, pero, según el abogado Juan Casanova, estas áreas no enviaron lo requerido. Cada incumplimiento derivó en multas que, acumuladas, sumarían entre 30,000 y 40,000 soles y que se pagan con dinero municipal. La defensa sostiene que la información está digitalizada y lista, pero no se remite por falta de voluntad o por negligencia administrativa.
¿Qué consecuencias legales afrontan los funcionarios?
El abogado señaló que evalúan presentar una denuncia penal contra el alcalde, el procurador y el área de Recursos Humanos por presunto entorpecimiento del proceso. Consideró que la omisión de los funcionarios podría configurar un incumplimiento de mandatos judiciales. Algunos extrabajadores fallecieron durante el juicio sin ver resuelto el trámite.
¿Qué falta para destrabar el pago de intereses?
El proceso judicial avanzaría de inmediato si la municipalidad entregara la documentación solicitada, lo que permitiría al juez emitir una resolución final. El abogado afirmó que el alcalde podría desconocer el perjuicio económico que estas demoras generan al municipio, pero insistió en que debe asumir responsabilidad como titular del pliego. La ciudadanía espera una respuesta formal que permita cerrar un caso que lleva casi ocho años detenido.
