En La Libertad, uno de los proyectos de seguridad ciudadana que genera expectativa es la construcción de la comisaría de Casa Grande, debido a su importancia para fortalecer la atención policial en el distrito. En ese contexto, representantes del Gobierno Regional de La Libertad brindaron precisiones sobre el estado de la iniciativa. El objetivo fue aclarar la situación del proyecto y responder a los cuestionamientos surgidos en los últimos días.
¿Por qué el GORE descartó riesgos para la comisaría de Casa Grande?
El gerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, señaló que el presupuesto destinado para la comisaría de Casa Grande no corre ningún riesgo. Asimismo, pidió al alcalde del distrito, John Vargas, no desinformar a la población respecto al estado del proyecto, al considerar que la inversión mantiene su respaldo dentro de la planificación regional.
¿Qué retrasa el expediente técnico de la obra?
Según explicó Julio Chumacero, el principal inconveniente corresponde a un cuello de botella en la elaboración del expediente técnico, proceso que no depende del Gobierno Regional de La Libertad. Indicó que esta etapa está a cargo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, entidades responsables de cumplir con los procedimientos establecidos. El funcionario remarcó que esta situación no compromete el presupuesto destinado para la ejecución de la infraestructura.
¿Qué acciones realiza el Gobierno Regional?
El funcionario sostuvo que la gobernadora regional y el gerente general regional impulsan acciones para agilizar el proceso administrativo. No obstante, precisó que el proyecto se mantiene dentro de los plazos legales establecidos y que no existe retraso en el cronograma previsto para las etapas que corresponden al Gobierno Regional.
¿Qué mensaje dejó sobre la futura ejecución de la comisaría?
Finalmente, Julio Chumacero aseguró que la comisaría de Casa Grande se ejecutará de todas maneras, una vez culminen los procedimientos pendientes. Además, exhortó a las autoridades y actores políticos a evitar que la obra sea utilizada con fines políticos, priorizando el beneficio para la seguridad de la población.
