La ciudad de Trujillo, golpeada por el avance de la delincuencia y la sensación de inseguridad diaria, se convirtió en escenario de un debate clave sobre el futuro político del país. En medio de asesinatos constantes, estados de emergencia y reclamos ciudadanos, el tema de la seguridad ciudadana dominó la agenda pública. En este contexto, el candidato presidencial Walter Chirinos presentó sus propuestas para enfrentar la criminalidad desde una reforma integral del Estado.
¿Por qué la delincuencia se convirtió en el principal problema nacional?
El aspirante del Partido Regionalista de Integración Nacional sostuvo que el crecimiento de la criminalidad se explicó por la falta de planificación y estrategias reales. Señaló que el país registró cerca de seis asesinatos diarios, una cifra alarmante pese a la vigencia del estado de emergencia. Indicó que sin un plan operativo claro, ninguna medida permitió reducir la violencia en las calles.
¿Qué plantea sobre la Policía y la seguridad ciudadana?
Chirinos afirmó que la Policía Nacional enfrentó un debilitamiento institucional que afectó su capacidad de respuesta. Propuso la creación de una Policía de Investigaciones y el fortalecimiento de la inteligencia para prevenir delitos y perseguir organizaciones criminales. Remarcó que los agentes del orden necesitaron seguridad jurídica real para actuar sin temor a represalias.
¿Cómo reformar el sistema judicial frente a la criminalidad?
En materia judicial, el candidato planteó implementar jueces con códigos, una figura que protegió la identidad de magistrados y fiscales. Explicó que esta medida buscó evitar amenazas y corrupción dentro de procesos penales sensibles. Según indicó, la reforma exigió cambios constitucionales y modificaciones al Código Penal, pero permitió mayor eficacia contra el crimen organizado.
¿Qué cambios propone en las cárceles y el sistema penitenciario?
Chirinos cuestionó duramente la situación del INPE y de los penales, a los que calificó como escuelas del delito. Propuso cárceles autosostenibles donde los internos asumieran el costo de su manutención. Aseguró que estos recursos pudieron destinarse a educación, salud y obras públicas en beneficio de la población.
¿La mano dura pone en riesgo la democracia?
Finalmente, el candidato negó que una política firme equivaliera a autoritarismo. Señaló que aplicar la ley con decisión protegió a los ciudadanos y no significó dictadura. Indicó que experiencias internacionales demostraron que resultados concretos devolvieron tranquilidad y respaldo popular cuando el Estado recuperó el control frente al crimen.
