El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y ordenó suspender las investigaciones fiscales y judiciales contra la presidenta Dina Boluarte hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026. En su resolución, el TC sostuvo que “las disposiciones fiscales y la resolución judicial cuestionadas han menoscabado la competencia de la jefa de Estado”, reafirmando que el artículo 117 de la Constitución limita los supuestos en los que un mandatario puede ser procesado durante su gestión. La decisión generó críticas inmediatas.
El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, denunció que “estamos frente a un proceso de descomposición política y jurídica en el país” y calificó de “vergonzosa y condenable la conducta de este impresentable parlamento”, al acusar tanto al Congreso como al propio TC de distorsionar el sistema democrático al bloquear mecanismos de control y rendición de cuentas contra la más alta autoridad del país.
El respaldo de César Acuña al gobierno de Dina Boluarte también fue duramente cuestionado en medio de denuncias de corrupción que salpican a su gestión regional. Se reveló la existencia de una red que habría manejado millones de soles de manera irresponsable, mientras que, según las críticas, el gobernador de La Libertad intenta “lavarse las manos frente a esta pésima, vergonzosa y condenable gestión con la que está llevando adelante la gobernación regional”.
Fue enfático al decir que César Acuña “no solo es negligente, frívola e inepta, sino que se están descubriendo estos casos en donde ya hay gente de su entorno cercano involucrada favoreciéndose con millones”.
