En la ciudad de Lima, el Tribunal Constitucional (TC) marcó un nuevo capítulo en la política peruana al decidir archivar el caso Cócteles, investigación emblemática que durante años involucró a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular. La decisión generó gran repercusión nacional al cerrar un proceso judicial que simbolizaba la lucha contra la presunta corrupción en el financiamiento de campañas electorales. El fallo representa un cambio trascendental en la interpretación del alcance del delito de lavado de activos.
¿Por qué el Tribunal Constitucional archivó el caso?
Según la resolución del TC, la investigación carecía de sustento jurídico y contradecía principios de la Constitución Política del Perú. El tribunal concluyó que no existía base legal suficiente para mantener vigente el proceso, respaldando así el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori. Este pronunciamiento pone fin a una larga disputa judicial iniciada hace casi una década.
¿Qué argumentó la defensa de Keiko Fujimori?
La defensa legal, encabezada por Giulliana Loza, argumentó que los hechos atribuidos no constituían delitos al momento en que ocurrieron. Según explicó, la figura del lavado de activos se tipificó legalmente después de los supuestos actos, por lo que las imputaciones violaban el principio de legalidad.
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, condujo las investigaciones por presunto lavado de activos y organización criminal. Durante años, sostuvo que Fuerza Popular habría recibido aportes ilícitos para financiar las campañas del 2011 y 2016.
