El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, informó que el Gobierno peruano continúa evaluando la posibilidad de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aunque aseguró que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Explicó que una comisión integrada por los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores realiza un análisis jurídico, convencional y constitucional sobre los efectos de una eventual salida. «Este no es un proceso que pueda adoptarse de un día para otro», precisó, añadiendo que cualquier determinación se hará pública una vez concluido el informe técnico.
En paralelo, el ministro destacó que una de las prioridades del Ejecutivo es avanzar en una reforma integral del sistema de justicia. Esta iniciativa busca enfrentar los problemas estructurales que afectan la eficiencia, independencia y credibilidad del aparato judicial. Entre los ejes centrales de la reforma figuran la digitalización de procesos judiciales, el fortalecimiento de la Junta Nacional de Justicia, la mejora en el acceso a servicios legales en zonas rurales, y la capacitación continua de jueces, fiscales y defensores públicos. Además, se impulsan medidas para reducir la carga procesal y combatir la corrupción interna en el sistema.
Alcántara advirtió que la percepción de politización de la justicia ha generado un clima de desconfianza entre la ciudadanía y los operadores judiciales. «La justicia debe ser totalmente imparcial y objetiva», sostuvo, en referencia a recientes investigaciones abiertas contra autoridades por declaraciones públicas. El ministro reafirmó que el propósito de la reforma no es solo modernizar el sistema, sino garantizar su autonomía y devolver legitimidad al proceso judicial en todos los niveles. La propuesta, según adelantó, será coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros actores del sistema de justicia.
Finalmente, anunció que el Gobierno iniciará en junio de 2026 la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en el distrito de Quiruvilca, región La Libertad. El proyecto, que se ejecutará durante un periodo de tres años, usará inicialmente 10 de las 24 hectáreas disponibles, debido a que solo esa parte del terreno no presenta conflictos judiciales. Según detalló el ministro, esta obra no solo busca aliviar el hacinamiento carcelario, sino también dinamizar la economía local mediante la generación de empleo y la provisión de servicios básicos en zonas aledañas.
