Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), advirtió que la propuesta del Gobierno peruano de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), junto con la actual reforma del sistema de justicia, no persiguen fortalecer la justicia, sino proteger a la presidenta Dina Boluarte y a congresistas involucrados en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Según Rodríguez Albán, ambas medidas pretenden eludir investigaciones y garantizar impunidad para quienes detentan el poder, debilitando gravemente las instituciones y los mecanismos judiciales existentes.
El experto señaló que la reforma judicial ha atacado la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, dificultando la labor de estas entidades en la lucha contra la corrupción y los abusos de autoridad. A su juicio, la iniciativa busca controlar y limitar las investigaciones que afectan a altos funcionarios del Ejecutivo y Legislativo. Además, enfatizó que la salida de Perú de la Corte IDH significaría renunciar a un organismo esencial para la defensa de los derechos humanos y la supervisión de procesos judiciales justos en el país.
Rodríguez Albán resaltó que la creciente impunidad en casos vinculados a Dina Boluarte y legisladores ha erosionado la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La combinación de la reforma y la posible retirada de la Corte IDH representa, según el especialista, un intento claro del Gobierno por blindarse frente a la justicia, evidenciando un serio debilitamiento institucional. Por ello, llamó a la sociedad civil y a las autoridades a defender la transparencia, la independencia judicial y el respeto a los compromisos internacionales para evitar un retroceso en la protección de los derechos y la justicia en Perú.
