La restauración del Santuario de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, continúa en incertidumbre tras la decisión del Arzobispado de Trujillo de rescindir el convenio vinculado con el proyecto de recuperación del histórico recinto religioso. La medida generó preocupación entre los integrantes del Comité Pro Restauración y los ciudadanos que esperan una intervención para evitar un mayor deterioro de la infraestructura. La representante del comité, Karina Cruzado, cuestionó la falta de explicaciones específicas sobre las presuntas irregularidades que motivaron la decisión.
¿Por qué se encuentra en riesgo la restauración del Santuario de Guadalupe?
Según Cruzado, el santuario no recibe una intervención de restauración desde la década de 1970 y actualmente presenta un deterioro que requiere atención. La representante explicó que algunas estructuras permanecen apuntaladas con maderas y tablas para evitar un posible colapso, situación que incrementó la preocupación de la comunidad. El proyecto buscaba recuperar integralmente el inmueble mediante el mecanismo de obras por impuestos, con participación del Gobierno Regional de La Libertad, el sector Cultura y el Arzobispado.
¿Qué ocurrió con el convenio para ejecutar las obras por impuestos?
Cruzado detalló que las gestiones para definir el mecanismo de intervención duraron cerca de tres años y culminaron con la firma del convenio el 1 de junio de 2026. Posteriormente, las instituciones realizaron una entrega simbólica del terreno, por lo que la comunidad esperaba el inicio de los estudios para elaborar el expediente técnico. Sin embargo, el 22 de julio, el Arzobispado comunicó su intención de terminar el convenio tripartito y, según la representante, impidió el ingreso de los profesionales encargados de los trabajos preliminares.
¿Qué cuestionamientos existen sobre la empresa y el proceso de selección?
La representante del comité sostuvo que las comunicaciones del Arzobispado presentaron diferencias en los argumentos relacionados con la continuidad del proyecto. Según su versión, inicialmente se cuestionó el proceso de selección de la empresa ejecutora, mientras que en una comunicación posterior surgieron observaciones sobre las bases del concurso, el perfil del proyecto y la elección de la empresa supervisora. Cruzado afirmó que, pese a las reuniones técnicas realizadas, no recibieron una explicación detallada que identificara las presuntas irregularidades y señaló que el Gobierno Regional defendió la legalidad del procedimiento bajo la Ley N.º 29230, que regula las obras por impuestos.
¿Qué acciones plantea el Comité Pro Restauración de Guadalupe?
El comité anunció que continuará buscando mecanismos legales para defender la ejecución del proyecto y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo en respaldo de la comunidad. Cruzado también recordó que los integrantes del grupo acudieron en cuatro oportunidades para buscar una solución y expresó su malestar por la falta de una reunión directa con el arzobispo. La representante pidió que las instituciones involucradas transparenten sus observaciones y permitan esclarecer el futuro de una obra considerada prioritaria para la conservación del patrimonio religioso y cultural de Guadalupe. Asimismo, advirtió que reiniciar el procedimiento podría implicar nuevas gestiones, la revisión de las bases y la elaboración de otros documentos, lo que prolongaría la espera de los ciudadanos.
