La disciplina escolar volvió al centro del debate educativo tras el anuncio de nuevas medidas del Gobierno para fortalecer la convivencia y establecer reglas claras en las instituciones educativas. El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, informó que el Ministerio de Educación publicó un proyecto de decreto supremo para recibir observaciones antes de aprobar los nuevos lineamientos. La propuesta busca recuperar la autoridad de docentes y directivos, así como establecer criterios para atender las faltas cometidas por los estudiantes.
¿Qué cambios plantea la nueva norma de disciplina escolar?
El proyecto establece lineamientos para clasificar las faltas disciplinarias y determinar las medidas correspondientes según su gravedad. Rodríguez señaló que la Gerencia Regional de Educación difundió el documento entre las unidades de gestión educativa local (UGEL) para recoger aportes y observaciones, especialmente sobre la gradualidad de las sanciones. El funcionario cuestionó que tres faltas leves durante un bimestre puedan recibir una clasificación similar a conductas graves o muy graves.
¿Quiénes evaluarán las faltas y aplicarán las sanciones?
La propuesta contempla tres niveles de intervención: el docente, un comité de la comunidad educativa y el director de la institución. El profesor atenderá inicialmente las faltas leves, mientras que el comité evaluará los casos que requieran una revisión adicional; las situaciones de mayor gravedad, como una eventual expulsión, quedarán bajo responsabilidad de la dirección. Además, los padres de familia podrán presentar una reconsideración frente a la decisión final, de acuerdo con los procedimientos previstos.
¿Cómo se recuperará la nota de conducta de los estudiantes?
Otro de los puntos planteados es el retorno de la calificación de conducta y su inclusión en un certificado al finalizar la etapa escolar. Rodríguez advirtió que todavía deben precisarse los mecanismos para recuperar una nota desaprobatoria, debido a que la conducta responde a un proceso formativo distinto de la recuperación académica. El funcionario sostuvo que la norma debe aclarar qué ocurrirá con los estudiantes que obtengan una calificación baja en conducta, incluso si alcanzan resultados aprobatorios en sus aprendizajes.
¿Qué medidas buscan proteger a docentes y fortalecer la convivencia?
Rodríguez señaló que las nuevas disposiciones también deben atender las denuncias contra los profesores y establecer diferencias entre los hechos comprobados y las acusaciones falsas. Según explicó, algunos docentes y directores afrontaron procedimientos que afectaron su reputación, incluso cuando los casos terminaron archivados. Asimismo, consideró necesario reforzar el papel de los auxiliares de educación y contratar más personal administrativo y profesionales de psicología para acompañar a los estudiantes.
El gerente regional indicó que La Libertad registra una carencia aproximada de 2.600 cargos de personal administrativo, mientras que la atención de los casos de violencia escolar requiere recursos adicionales. A su juicio, las sanciones por sí solas no resuelven el problema, pues tanto las víctimas como los estudiantes que ejercen agresiones necesitan acompañamiento emocional y medidas formativas. Por ello, planteó que los cambios disciplinarios estén respaldados por presupuesto y una revisión del diseño curricular.
¿Cuándo se aplicarán las reglas sobre celulares en los colegios?
A diferencia del proyecto de disciplina escolar, las disposiciones que restringen el uso de teléfonos celulares ya cuentan con un reglamento y un plazo máximo de 90 días para incorporarse en las normas internas de los colegios. Rodríguez precisó que algunas instituciones comenzaron a implementar la medida, pero recordó que los centros educativos deben habilitar espacios seguros para guardar los equipos. La restricción no equivale a una prohibición absoluta de llevar celulares, por lo que cada colegio debe establecer cómo custodiar los dispositivos y evitar pérdidas o controversias.
Respecto al proyecto disciplinario, el funcionario explicó que el proceso de consulta contempla un periodo inicial de 15 días calendario para presentar observaciones, seguido de una evaluación por parte del Ministerio de Educación. Después de la aprobación, las instituciones educativas contarán con un plazo de 30 días para incorporar los lineamientos en sus reglamentos internos, según lo expuesto durante la entrevista. La aplicación de estas medidas dependerá de la aprobación definitiva del documento y de la capacidad de los colegios para implementar los procedimientos y recursos necesarios.
