Varios miembros del Congreso pertenecientes a la bancada de Acción Popular han impulsado un proyecto de ley que pretende restringir la posibilidad de que periodistas y sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad contraten con el Estado peruano. Esta medida, según los parlamentarios, tiene como objetivo principal «transparentar el ejercicio del periodismo en el Perú». Entre los legisladores que respaldan esta iniciativa se encuentran Luis Cordero Jon Tay, Luis Aragón, Darwin Espinoza, Wilson Soto, Elvis Vergara y Jorge Luis Flores Ancachi.
En respuesta a esta propuesta, el abogado Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad, ha manifestado su preocupación, argumentando que estas acciones podrían interpretarse como un intento de «amedrentar» a la prensa. Pereira enfatiza el papel fundamental que desempeñan los periodistas en la sociedad al informar sobre las actividades tanto del Congreso como del Ejecutivo, así como al destapar posibles casos de corrupción y otras irregularidades en los distintos poderes del Estado.
Este proyecto de ley no solo busca prohibir los contratos entre periodistas y el Estado, sino que también establece restricciones para los cónyuges, convivientes y parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como para las empresas en las que puedan tener participación como socios, accionistas, representantes legales o gerentes. La discusión en torno a esta propuesta promete generar un intenso debate sobre los límites éticos y legales en la relación entre la prensa y el Estado en el contexto peruano.
