Tomás Alva, experto en derecho electoral, ha denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones una presunta vulneración al principio de neutralidad por parte del Congreso de la República. Según explica, “lo que tenemos a la vista es que, si este bien […] sale de la oficina de modalidades formativas del Congreso, […] el titular que tiene la responsabilidad última y directa es la mesa directiva del Congreso, que preside el señor Fernando Rospigliosi”. En esa línea, enfatiza que “la responsabilidad le ataña a él también, técnicamente”, dejando en claro que la renuncia o retiro del camarógrafo involucrado no exime de responsabilidad a los niveles superiores de mando.
Hay que recordar que Alva también denunció en mayo pasado a Yessenia Lozano por “afectación al principio de neutralidad”, tras revelarse que tenía la imagen del líder de APP, César Acuña, en la Oficina de Modalidades Formativas del Congreso de la República. También lo hizo cuando Acuña mantenía el cargo de gobernador y logró las sanciones del JNE.
En este caso de la cámara en el mitin de Keiko Fujimori, el especialista sostiene que “No se trata de un hecho aislado ni de un error individual, sino de una acción ordenada desde instancias superiores”. “Estamos hablando de un trabajador, o sea, un camarógrafo que yo estoy seguro que ha tenido una orden directa”, afirma, precisando que dicha orden “ha venido, en primer orden, del jefe de la oficina de modalidades formativas del Congreso”, y que otra instrucción “ha sido de la presidencia del Congreso”. En este contexto, señala además que “como da la casualidad que el señor Rospigliosi también es de Fuerza Popular, es por eso que la denuncia se interpone […] tanto para el señor Rospigliosi como para el señor Lévano y los que puedan resultar responsables”.
Finalmente, Alva advierte que la debilidad de las normas sobre neutralidad electoral impide sanciones efectivas. “El mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones […] ha dicho que las resoluciones de neutralidad no están bien redactadas. No hay una sanción objetiva contra las personas que afectan a la neutralidad”, lamenta. Sin embargo, subraya que “nosotros como ciudadanos debemos conocer a aquellas autoridades que no son neutrales y que usan recursos del Estado para favorecer a otros partidos políticos”. Su objetivo, explica, es dejar constancia de que “va a haber una sanción por lo menos consciente, social y política contra los altos directivos del Congreso de la República por usar bienes del Estado en materia electoral”.
