La muerte de tres internos en el penal El Milagro de Trujillo vuelve a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de seguridad y control en los establecimientos penitenciarios. En entrevista con Sol TV, el exdefensor regional y excontralor regional William León señaló que los problemas no se limitan a los enfrentamientos entre reclusos, sino que también involucran deficiencias administrativas y tecnológicas. El especialista consideró urgente reorganizar el sistema penitenciario y revisar el contrato que permite operar los teléfonos públicos dentro de los penales.
¿Qué problemas de organización existen en el penal El Milagro?
León sostuvo que los enfrentamientos registrados en los establecimientos penitenciarios responden, entre otros factores, a la desorganización y a la falta de actualización de los instrumentos de gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También cuestionó la categorización de los internos, pues considera necesario que cada recluso sea ubicado de acuerdo con su nivel de peligrosidad. Según explicó, estas deficiencias requieren una reorganización que no solo debe aplicarse en Trujillo, sino también en los demás penales del país.
¿Cómo se utilizarían los teléfonos públicos para cometer extorsiones?
Durante la entrevista, el exfuncionario advirtió que las llamadas extorsivas no necesariamente se realizan desde celulares ingresados ilegalmente a los establecimientos penitenciarios. Según explicó, también se utilizarían los teléfonos públicos instalados formalmente en los penales, conocidos como “azulitos”. León describió dos modalidades: las llamadas tripartitas, en las que un interno se comunica con un teléfono celular del exterior para contactar a una víctima, y las concurrentes, que permitirían coordinar comunicaciones entre reclusos de distintos establecimientos.
¿Cuántos teléfonos públicos funcionan en el penal?
León indicó que el contrato suscrito en 2014 entre el Ministerio de Justicia, el INPE y la empresa Prisontec contempló la instalación de 76 teléfonos públicos en el penal El Milagro. Sin embargo, según sus declaraciones, actualmente el establecimiento cuenta con 183 equipos y desde estos se realizarían alrededor de ocho millones de llamadas mensuales a nivel nacional. El especialista afirmó que el sistema de seguridad de estos teléfonos fue vulnerado y que la información almacenada no fue aprovechada oportunamente por las autoridades.
¿Qué medidas plantea para frenar las extorsiones desde los penales?
El exfuncionario planteó realizar una auditoría al contrato con Prisontec para determinar si la empresa cumple sus obligaciones y si las condiciones del acuerdo resultan perjudiciales para el Estado y la ciudadanía. Asimismo, pidió evaluar la continuidad del servicio si se comprueba que no garantiza la seguridad de las comunicaciones. También consideró necesaria la reorganización del INPE, la actualización de sus instrumentos de gestión y la revisión de los procedimientos disciplinarios contra el personal penitenciario.
