En un contexto de tensión política y creciente polarización, la libertad de prensa en el Perú atraviesa su peor momento en décadas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en República Dominicana, emitió una resolución que advierte sobre el deterioro del derecho a informar y exige al Estado peruano acciones concretas para proteger a los periodistas. El organismo internacional alertó que el país vive el periodo más crítico para la prensa en los últimos 25 años.
¿Por qué la SIP advierte sobre la situación de la prensa en Perú?
La SIP señaló que el silencio prolongado de la presidenta Dina Boluarte, la negativa a brindar información pública y los ataques desde el Congreso conforman un escenario de hostigamiento institucional contra la prensa. En su resolución, el organismo demandó que el Estado investigue los asesinatos de periodistas ocurridos en 2025 y garantice el acceso libre a la información. La entidad recordó que sin libertad de expresión no existen sociedades democráticas ni transparentes.
¿Qué medidas pidió la SIP al Estado peruano?
Entre sus exigencias, la SIP solicitó eliminar las trabas burocráticas que impiden obtener datos públicos, cesar las investigaciones arbitrarias contra periodistas y respetar la reserva de las fuentes. También pidió frenar proyectos como la llamada “ley mordaza”, que busca aumentar penas de cárcel por difamación. Estas acciones, según el organismo, vulneran compromisos internacionales de derechos humanos y ponen en riesgo el trabajo periodístico.
¿Qué revela el informe 2025-II sobre libertad de expresión?
El Consejo de la Prensa Peruana presentó un informe ante la SIP que califica al 2025 como el peor año para la prensa en un cuarto de siglo. Los asesinatos de los periodistas Raúl Celis y Gastón Medina fueron los hechos más graves. El documento también registra amenazas, censura y hostigamiento desde distintas instituciones públicas. El avance de la minería ilegal y su conexión con la política elevan los riesgos para quienes denuncian corrupción.
¿Qué instituciones están involucradas en las agresiones?
El informe destaca al Poder Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público como las principales fuentes de presión y acoso contra los medios. Desde la PCM se restringió el acceso a información sobre los gastos presidenciales, mientras que el Congreso impulsa leyes que restringen la cobertura periodística. Paralelamente, la Fiscalía ha exigido revelar fuentes y abierto procesos por supuesta “asociación criminal” contra periodistas que investigan corrupción.
