En Trujillo, el fortalecimiento de las profesiones vinculadas al desarrollo social y cultural cobró relevancia con el reconocimiento otorgado a los impulsores de la Ley 32667, una norma que actualizó el marco legal del ejercicio de los antropólogos en el Perú tras más de cuatro décadas. La nueva legislación modernizó las reglas que regulan la profesión y abrió nuevas oportunidades para su participación en distintos ámbitos. La ceremonia reunió a representantes del gremio profesional y autoridades.
¿Por qué la Ley 32667 representa un cambio para los antropólogos?
El Colegio Profesional de Antropólogos del Perú reconoció a los congresistas que promovieron la aprobación de la Ley 32667, destacando que la norma respondió a una demanda histórica del sector. Víctor Cachay Malo, decano del colegio nacional, sostuvo que la actualización del marco legal fortaleció el ejercicio profesional y otorgó mayor respaldo institucional a los antropólogos.
¿Qué destacó el Colegio Nacional de Antropólogos durante la ceremonia?
Durante el acto desarrollado en Trujillo, el decano Víctor Cachay Malo indicó que la aprobación de la ley significó un reconocimiento del Estado hacia una profesión que cumple un papel importante en el estudio de las comunidades, la cultura y los procesos sociales. El gremio consideró que la norma permitirá consolidar el trabajo de los profesionales en distintos espacios del país.
¿Cuál fue el aporte de la congresista María Elizabeth Taipe?
La congresista y antropóloga María Elizabeth Taipe Coronado explicó que la iniciativa legislativa nació con el objetivo de otorgar mayor visibilidad a una profesión que durante muchos años recibió escaso reconocimiento. Además, señaló que la ley fortaleció las condiciones para el desarrollo profesional dentro de diferentes instituciones.
¿Qué impacto tendrá la nueva norma en el ejercicio profesional?
Según lo expuesto durante la ceremonia, la Ley 32667 facilitará una mayor participación de los antropólogos en entidades públicas y privadas, permitiendo que sus aportes sean considerados en proyectos de desarrollo, investigación y gestión social. La actualización normativa marcó un nuevo escenario para una profesión que esperaba cambios legales desde hace más de 40 años.
