En Trujillo, los temas políticos regionales vuelven a captar la atención ciudadana. Esta vez, la elección de la mesa directiva del Consejo Regional de La Libertad es objeto de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, generando expectativa y dudas entre la población sobre la legalidad del proceso.
¿Por qué se abrió una investigación al Consejo Regional?
El Ministerio Público inició una investigación por presuntas irregularidades en la conformación de la mesa directiva. El reglamento interno exige que dicha mesa debe estar compuesta por representantes tanto de la mayoría como de la minoría, condición que, según algunos consejeros, no se cumplió. La presidenta del Consejo, Lorena Carranza, carece de afiliación partidaria, lo que pone en duda su legitimidad en el cargo.
¿Qué irregularidades se denunciaron ante la Fiscalía?
El ciudadano Manuel Benjamín Ruiz Briones presentó una denuncia penal que fue acogida por el Ministerio Público. Se cuestiona que tras la vacancia del consejero Abner Ávalos, condenado por corrupción, no se convocó a una nueva elección general como lo establece el reglamento. En su lugar, se reemplazó solo al consejero, sin recomponer toda la mesa directiva.
Según el consejero Robert de la Cruz, el reglamento exige una composición equilibrada entre mayoría y minoría. Afirma que las consejeras Lorena Carranza y Gisela Crisólogo no pertenecen a ningún partido, lo que invalidaría la representatividad de la mayoría. Esto alimenta la hipótesis de que la actual mesa directiva es ilegal.
¿Cuáles son las consecuencias legales para los involucrados?
La investigación preliminar tiene un plazo de 60 días. En ese lapso, se recogerán declaraciones y pruebas. De encontrarse indicios de delitos como abuso de autoridad o rehusamiento de actos funcionales, se abriría una investigación preparatoria que podría culminar en sanciones penales e inhabilitación política.
