En Chile, el proceso político que se desencadenó a raíz de las protestas de 2019 ha durado más de lo que se anticipó inicialmente. Este domingo 7 de mayo, el país se enfrentará a su segunda elección constituyente, tras el rechazo de la primera propuesta de una nueva constitución.
El camino hacia este punto ha sido largo, comenzando con las ardientes protestas en las estaciones de metro de Santiago el 18 de octubre de 2019. Desde entonces, ha habido una creciente demanda de derechos sociales, la primera pandemia mundial en un siglo, y un plebiscito en el que el 80% de los chilenos optaron por reemplazar la actual Constitución, una reliquia del régimen anterior que ha sido reformada en democracia.
Una de las novedades de este proceso es la inclusión de un grupo de 24 expertos designados por el parlamento para redactar un borrador que servirá de base a los consejeros electos. Los consejeros tendrán cinco meses para hacer modificaciones antes de que la ciudadanía vote sobre la propuesta final el 17 de diciembre.
Sin embargo, los críticos sostienen que este proceso está tutelado y que los consejeros tendrán poco margen de maniobra debido a los 12 principios institucionales acordados previamente por los partidos. Para Octavio Avendaño, doctor en ciencias políticas y académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, el retraso en resolver el problema constitucional se debe a la interpretación errónea de las protestas de 2019 como un movimiento antineoliberal y de izquierdas.
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