El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana. La medida alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y establece una vigencia de 60 días calendario.
¿Qué cambios establece la emergencia en los penales?
La declaratoria comprende los establecimientos penitenciarios y sus perímetros exteriores en un radio de hasta 200 metros, espacio en el que se aplican restricciones constitucionales a los derechos de libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden público con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las autoridades indicaron que esta medida permitirá reforzar la vigilancia en las zonas externas de las cárceles y establecer un control más estricto de los accesos.
¿Qué operaciones realizarán la Policía y las Fuerzas Armadas?
Las fuerzas del orden ejecutarán acciones destinadas a garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los establecimientos penitenciarios. También se desarrollarán labores de inteligencia y prevención de fugas, además de controles destinados a detectar actividades vinculadas con organizaciones criminales. Estas intervenciones buscarán mantener bajo vigilancia las áreas próximas a los penales durante el periodo establecido por la norma.
La disposición contempla operativos permanentes para identificar y decomisar celulares, tarjetas SIM y armas dentro de las acciones de seguridad penitenciaria. Estas intervenciones se realizarán en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales del INPE, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario conservará la administración y custodia interna de los establecimientos. El objetivo es impedir que estos objetos sean utilizados para mantener comunicaciones ilícitas o facilitar actividades delictivas desde el interior de los centros penitenciarios.
¿Qué derechos se mantendrán protegidos durante la emergencia?
Durante los 60 días de vigencia de la medida, las autoridades deberán garantizar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la legislación nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos se encuentran los derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso. La decisión se produjo luego de una reunión entre la presidenta Keiko Fujimori, el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano, quienes coordinaron acciones inmediatas para fortalecer el sistema penitenciario.
