El 8 de diciembre, en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por una patrulla militar.
Los jóvenes habían salido de sus casas para jugar fútbol, pero nunca regresaron. En ese momento, nadie imaginó que sus nombres se convertirían en el centro de un caso que sacudiría a todo el país.
Tras semanas de búsqueda, el 24 de diciembre, cuatro cuerpos calcinados fueron hallados en una zona de manglares cercana a la base militar de Taura, a la que pertenecía la patrulla que los detuvo.
La Fiscalía confirmó que los restos correspondían a los menores desaparecidos, cerrando así el doloroso capítulo de la incertidumbre, pero abriendo uno nuevo de exigencias de justicia.
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El caso ha llevado a la prisión preventiva de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes enfrentan acusaciones de desaparición forzada.
Aunque los soldados aseguran que liberaron a los adolescentes poco después de detenerlos, las pruebas y los testimonios contradicen esta versión. Las autoridades judiciales continúan investigando los hechos, mientras familiares y activistas exigen respuestas claras.
En Guayaquil, las manifestaciones no se han hecho esperar. Con carteles que leen “vivos los queremos”, familiares y vecinos han expresado su indignación y dolor. El comandante de la Fuerza Aérea, Celiano Cevallos, ha defendido la actuación del personal militar, aunque ha negado que se ordenara un operativo en esa zona.
Este caso, que mezcla tragedia y cuestionamientos a las fuerzas de seguridad, ha puesto en el centro del debate el uso de militares en tareas internas y el respeto a los derechos humanos.
