La contaminación ambiental por el polvo de carbón impacta diariamente a más de 25 mil personas del centro poblado Miramar y el sector Villa Marina, en el distrito de Salaverry. El origen de esta problemática se relaciona con las operaciones irregulares de una empresa autorizada mediante una licencia que ha sido ampliamente cuestionada.
El informe de la Contraloría General de la República expone que la empresa opera sin certificación ambiental, maneja mal sus residuos peligrosos y fue beneficiada con una licencia de funcionamiento sin sustento técnico. Además, la zona donde opera tiene sonificación agrícola, lo cual impide legalmente este tipo de actividades contaminantes.
El gobernador César Acuña prometió en febrero cerrar las carboneras ilegales en un plazo de 90 días, pero el compromiso no se cumplió. El Comité de Gestión contra la Contaminación critica la inacción del alcalde Carlos Arroyo, quien permitió que la licencia se vuelva indefinida sin revocarla.
¿Qué exigen los vecinos?
La población exige campañas de salud ambiental para conocer el impacto del carbón en la salud, especialmente al estar a solo 100 metros de las operaciones contaminantes. A pesar de haber enviado oficios a la Gerencia Regional de Salud, no han recibido respuesta. El comité demanda una respuesta inmediata para proteger a la población.
