En Trujillo, una ciudad donde los operativos municipales forman parte del día a día comercial, la presunta coima exigida por dos funcionarios generó alarma entre los empresarios locales. La intervención policial ocurrió en la cuadra 18 de la Avenida América Sur, luego de que un dueño de un carwash denunciara un cobro irregular para obtener el certificado ITSE. El caso despertó preocupación por el impacto de estas prácticas en los negocios que buscan operar formalmente.
¿Cómo se originó la denuncia por coima en Defensa Civil?
El afectado relató que los funcionarios de Defensa Civil acudieron un sábado a su local para una inspección técnica y dejaron observaciones que, según él, no justificaban una calificación de riesgo alto. Tras contactarlo, le exigieron un pago de 2,000 soles para asegurar la entrega del certificado. El empresario consideró que las exigencias variaban de manera arbitraria según cada inspector.
¿Qué reveló el operativo policial que terminó en la detención?
Luego de denunciar los hechos ante la oficina anticorrupción, se organizó un operativo en coordinación con personal de la Dircocor. La entrega del dinero ocurrió dentro de un vehículo, un Nissan Versa de lunas polarizadas, donde los funcionarios expusieron cómo modificarían el nivel de riesgo del local. Minutos después, los agentes intervinieron y realizaron la captura.
¿Quiénes son los funcionarios implicados y qué cargos enfrentan?
Los detenidos fueron identificados como Ítalo Vladimir Uyoa Guarní, de 31 años, y Anthony Vázquez Morón, de 42 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades para enfrentar una investigación por presunta corrupción durante inspecciones municipales. El proceso busca determinar si existió una red dedicada a solicitar pagos irregulares.
¿Qué demandan ahora los comerciantes tras este caso?
El empresario agraviado pidió que no existan represalias contra su negocio y exhortó a otros comerciantes a denunciar hechos similares. Afirmó que su local, catalogado inicialmente como riesgo alto, no tenía condiciones que justificaran esa calificación. También señaló que estas prácticas afectan la confianza en las inspecciones municipales y la formalización comercial.
