En La Libertad, el gobernador César Acuña afronta una nueva controversia que gira en torno a la construcción del hospital de Virú. El tema volvió a ponerse en debate luego de que un reportaje del medio digital La Pista Clave revelara vínculos entre representantes de empresas adjudicatarias y reuniones con la autoridad regional. Las acusaciones encendieron la atención pública y generaron dudas sobre la transparencia de los procesos en su gestión.
¿Qué reveló el informe de La Pista Clave?
El reportaje señaló que Francisco Javier Ávila, apoderado de la empresa argentina Rivas Sucursal Perú, se reunió con el gobernador el 8 de marzo de 2024, día en que también visitó la sede regional Juan Carlos Coca Roja, padre de la empresaria adjudicataria. La investigación indica que Rivas prestó un 1 % de su experiencia para que Lucero Coca logre la licitación del hospital de Virú, valorizada en 192 millones de soles.
¿Quiénes integran las empresas vinculadas?
El mismo medio digital también dio a conocer que Cecilia Barrenechea, pareja de Ávila, participa en el consorcio que ganó la licitación para levantar la nueva sede del Gobierno Regional de La Libertad en Santa Inés. Estas conexiones empresariales han despertado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en los procesos de contratación regional.
¿Cómo reaccionó César Acuña ante las acusaciones?
El gobernador César Acuña no ofreció explicaciones directas frente a los señalamientos y prefirió arremeter contra sus opositores políticos. Durante su pronunciamiento negó cualquier indicio de corrupción en su administración, aunque sus declaraciones coincidieron con nuevas alertas sobre irregularidades.
¿Qué irregularidades detectaron en otro proyecto?
Horas después de su respuesta, se difundió un comunicado donde se informó sobre posibles irregularidades del “consorcio hospitalario del norte”, encargado del hospital Santa Isabel en El Porvenir. El documento precisó que, de confirmarse actos indebidos o documentos falsos, el contrato será anulado de inmediato. La semana cerró complicada para el gobernador, ya que su gestión se mantiene bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción.
