La provincia de Pataz enfrenta un nuevo episodio de inseguridad ciudadana que vuelve a poner en debate la eficacia del estado de emergencia vigente. En medio del acontecer diario marcado por la violencia y el temor de la población, se confirmaron asesinatos en Pataz ocurridos en una zona vinculada a la actividad minera, situación que generó alarma social y cuestionamientos a las autoridades responsables del control del orden interno. El caso expuso nuevamente la fragilidad de la seguridad en zonas alejadas de la sierra liberteña.
¿Cuántas personas fallecieron en los asesinatos en Pataz?
El alcalde provincial Aldo Carlos Mariños precisó que la cifra oficial corresponde a tres personas asesinadas, descartando versiones iniciales que señalaban un número mayor de víctimas. La aclaración se dio tras coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, que confirmó que no existieron personas desaparecidas vinculadas al hecho. La corrección de la información buscó frenar la desinformación que circuló durante varias horas.
¿Dónde ocurrieron los hechos de criminalidad en Pataz?
Los asesinatos ocurrieron en el anexo de Vijus, una zona accesible del distrito de Pataz, donde existen actividades mineras y presencia policial cercana. Según lo explicado, el área no se consideró inaccesible, lo que incrementó la preocupación por la ocurrencia del crimen a poca distancia de puestos de control. La cercanía con efectivos del orden reforzó los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta inmediata.
¿Qué relación existe con la minería y la criminalidad?
El burgomaestre señaló que estos hechos no deben asociarse de manera general a la minería artesanal o formal, sino calificarse directamente como actos criminales. Remarcó que la violencia responde a la acción de bandas delincuenciales que operan en la zona, aprovechando la actividad económica existente. La autoridad insistió en llamar a estos grupos por su nombre: delincuentes.
¿Qué cuestionamientos surgen sobre el estado de emergencia?
Aldo Mariños cuestionó los resultados del estado de emergencia y los recursos destinados a la seguridad, señalando que la criminalidad no disminuyó respecto al año anterior. Indicó que la población exige respuestas concretas del Ministerio del Interior y una estrategia nacional más efectiva. La situación en Pataz volvió a evidenciar la necesidad de acciones coordinadas frente a la violencia.
