Agresiones a periodistas se reportaron nuevamente en el país y la preocupación aumentó porque este patrón se repitió en distintos escenarios. En los últimos dos meses, la cobertura de protestas volvió a exponer a comunicadores a violencia directa en vía pública. Según se informó, cerca de 50 periodistas resultaron afectados en un mes y medio. Organizaciones del sector advirtieron que esta situación se normalizó en el entorno nacional y afecta el libre ejercicio informativo.

¿Por qué agresiones policiales se repiten durante protestas?

En escenarios recientes, la Policía Nacional atacó a reporteros durante movilizaciones ciudadanas. La Asociación Nacional de Periodistas indicó que 14 comunicadores terminaron con impactos de perdigones, y 11 sufrieron agresión física. La limitación de desplazamiento y el impedimento de grabar también se registraron en cámaras y testimonios. Este hecho redujo la capacidad de cobertura y generó temor en zonas de protesta.

¿Qué ocurre con periodistas del medio Prensa Regional de Moquegua?

El caso también alcanzó a la prensa regional. Dos periodistas de Prensa Regional enfrentaron reapertura de investigación por denuncias de corrupción. Este proceso inició luego de un recurso presentado por el procurador regional. La organización periodística calificó el hecho como uso fiscal para presionar a la prensa.

¿Qué otros casos de amenazas directas se denunciaron recientemente?

También surgieron amenazas contra reporteras de Willax y de Radio Titanka. En Andahuaylas, se reportó un video intimidante con armas dirigido a una periodista que investigó gestiones municipales. En Lima, una parlamentaria lanzó frases violentas contra una reportera que solicitó declaraciones en vía pública.

¿Qué posición institucional adoptó el Consejo de la Prensa Peruana?

El Consejo de la Prensa Peruana exigió el cese de violencia policial y pidió capacitación para agentes que interactúan con prensa. También rechazó procesos judiciales que se basan en denuncias de corrupción documentadas. El llamado institucional incluyó investigación fiscal oportuna frente a amenazas y agresiones.