La presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, generó la intervención de distintas autoridades este 17 de septiembre. El caso se originó por un hecho denunciado ocurrido el 15 de septiembre, durante el traslado de estudiantes en un bus luego de una actividad deportiva.
¿Cuántos escolares son investigados por la Fiscalía?
La Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar contra diez estudiantes de quinto de secundaria, luego de que inicialmente se informara sobre ocho adolescentes retenidos. La Fiscalía dispuso que se recojan los testimonios de los menores involucrados y que el estudiante afectado declare mediante Cámara Gesell, además de otras diligencias para esclarecer lo ocurrido.
La investigación se encuentra en etapa preliminar y deberá determinar qué ocurrió durante el traslado y la participación que habría tenido cada estudiante. La intervención policial y la retención de los adolescentes no implican una determinación de responsabilidad, por lo que las autoridades deberán establecer los hechos conforme avance el proceso.
¿Qué medidas adoptó el Liceo Naval tras la denuncia?
La Marina de Guerra del Perú informó que separó de manera preventiva a la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise mientras continúan las investigaciones. La institución señaló que brindará facilidades a las autoridades y que mantendrá bajo reserva la información que permita identificar a los menores involucrados.
Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana informó que los diez escolares investigados continuarán temporalmente con clases virtuales y no retornarán a las aulas presenciales mientras se desarrollan las diligencias. La medida busca evitar el contacto entre los estudiantes investigados y el adolescente afectado, además de garantizar la continuidad educativa.
¿Qué cuestionamiento surgió sobre el protocolo del colegio?
El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles, señaló que fueron los padres del estudiante quienes denunciaron el caso y cuestionó que el colegio no lo reportara inicialmente ante las autoridades ni mediante el sistema SíseVe. Según el funcionario, corresponde revisar si la institución cumplió con los procedimientos establecidos para situaciones de violencia entre estudiantes.
De acuerdo con Gonzáles, en el bus viajaban los escolares junto con tres adultos: dos entrenadores contratados por el colegio y el conductor. La actuación y eventual responsabilidad de estas personas también deberá ser evaluada por las autoridades competentes dentro de las diligencias correspondientes.
¿Qué acciones realizan la Defensoría y otras autoridades?
La Defensoría del Pueblo desplegó representantes en dependencias policiales, el Ministerio Público y el propio colegio para supervisar las diligencias y verificar las medidas adoptadas para proteger al estudiante, su familia y la comunidad educativa. El organismo también señaló que vigilará las acciones destinadas a prevenir situaciones similares y garantizar los derechos de niños y adolescentes.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente y su familia, mientras que los equipos educativos activaron los protocolos de protección correspondientes. En paralelo, la presidenta Keiko Fujimori pidió una investigación “rigurosa y rápida” y señaló que solicitó priorizar la protección del estudiante presuntamente afectado.
Las diligencias continuarán para esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades que correspondan y determinar si existieron incumplimientos de los protocolos de protección y atención escolar. Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de los menores involucrados debido a su condición de adolescentes.




