El crecimiento del crimen organizado en América Latina ha impactado gravemente a Pataz, en la región La Libertad, donde la minería ilegal se ha convertido en un motor clave de la violencia. Según Nicolás Zevallos, director Instituto de Criminología y Estudios sobre la violencia, esta economía al margen de la ley ha atraído a bandas cada vez más violentas. Estas organizaciones compiten por el control de las bocaminas y las rutas de extracción de oro.
En este contexto, los mineros artesanales se encuentran en situación vulnerable por la falta de protección estatal y su condición de informalidad. El crimen organizado se ha infiltrado en zonas donde antes operaban extorsionadores urbanos, ahora enfocados en controlar enclaves mineros. En Pataz, esta situación ha generado enfrentamientos por el control territorial y acceso al mineral.
Desregulación estatal y corrupción agravan la crisis
La expansión del Reinfo y la desregulación del uso de explosivos han facilitado que la minería ilegal opere bajo apariencia legal. A esto se suma la corrupción en los puntos de control, donde no se detiene el traslado de insumos peligrosos. Zevallos advierte que la débil capacidad de fiscalización del Estado permite el crecimiento de estas redes.
Red internacional impulsa el comercio ilegal del oro
El oro extraído ilegalmente en Perú es exportado por rutas que evaden controles, llegando a mercados asiáticos y de Oriente Medio. Organizaciones criminales de países como Colombia, Brasil y Ecuador se han aliado con grupos locales para traficar el mineral. Zevallos subraya que el problema exige una respuesta regional coordinada para frenar esta cadena global.
