La ciudad de Trujillo, en medio de su constante dinamismo laboral y político, se convirtió nuevamente en el epicentro de una protesta multitudinaria. Representantes de la Confederación Intersectorial de Trabajadores del Estado (CITE) alzaron su voz contra el decreto legislativo 1666, que según denuncian, amenaza con vulnerar derechos laborales adquiridos durante décadas de negociación colectiva. La controversia se ha centrado en la afectación directa a los pactos colectivos, acuerdos que impactan en el bienestar de miles de servidores públicos.
¿Qué implica el decreto legislativo 1666 para los trabajadores?
El dirigente regional de la CITE, Ulises Rodríguez, denunció que al menos 10 artículos del decreto 1666 vulneran la negociación colectiva. Estas disposiciones permitirían al MEF intervenir en beneficios adicionales como bonos o refrigerios. En casos como la Municipalidad de El Porvenir, ya se retiraron 200 soles bajo este argumento, afectando directamente la economía de los empleados.
¿Por qué los pactos colectivos son clave en esta lucha?
Los pactos colectivos son logros obtenidos tras más de 30 años de lucha sindical. Aportan ingresos adicionales a los trabajadores del régimen 276, 728 y 1057. Rodríguez aclaró que no están pidiendo aumentos de sueldo, sino que se respeten acuerdos firmados legalmente. La modificación parcial del decreto por la Comisión de Constitución del Congreso demuestra que los reclamos tienen sustento jurídico.
¿Qué acciones tomaron los gremios laborales en respuesta?
El 5 de junio se convocó a una marcha nacional pacífica en Lima y Trujillo. Participaron sindicatos del Gobierno Regional de La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo, y sector Salud. Estas movilizaciones buscan que el Pleno del Congreso ratifique el dictamen que corrige el decreto 1666. Los dirigentes afirman que ya obtuvieron respaldo mayoritario en comisión: 21 votos a favor y ninguno en contra.
¿Cuántas familias podrían verse afectadas por este decreto?
Según la CITE, el impacto del decreto alcanzaría a más de 16,000 trabajadores del Estado, y por extensión, a decenas de miles de familias peruanas. La mayoría de estos ingresos no provienen del tesoro público, sino de recursos directamente recaudados por las entidades. Por eso, los sindicatos exigen que se respete su autonomía económica y se mantenga la validez de sus convenios internos.
