En medio de la preocupación que genera el avance de la criminalidad en La Libertad, el sistema de justicia incorporó una nueva estructura especializada para atender delitos de alto impacto. La Corte Superior de Justicia de La Libertad puso en funcionamiento el Subsistema de Extorsión, Sicariato y Otros Delitos Conexos, convirtiéndose en la primera sede judicial del país en implementar este modelo.
¿Por qué La Libertad implementó un subsistema contra la extorsión y el sicariato?
La medida respondió a la necesidad de fortalecer la atención judicial de investigaciones relacionadas con extorsión, sicariato y otros delitos conexos, fenómenos que afectan la seguridad de ciudadanos y actividades económicas. Durante la ceremonia de puesta en vigencia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, destacó que el nuevo modelo busca brindar mayor celeridad y eficacia a estos procesos.
¿Qué órganos judiciales conforman el nuevo subsistema?
La nueva estructura judicial quedó integrada por tres Juzgados de Investigación Preparatoria, dos Juzgados Penales Colegiados y una Sala Penal de Apelaciones. Todos funcionarán de manera permanente y especializada, con la participación de jueces superiores y especializados titulares, quienes tendrán a su cargo procesos vinculados con estas modalidades delictivas.
¿Qué cambios busca generar este modelo especializado?
La implementación apunta a que los casos vinculados con organizaciones criminales y delitos de alto impacto reciban una atención judicial más especializada. El modelo plantea una respuesta articulada entre distintos actores del sistema de justicia, con procedimientos orientados a mejorar la eficiencia y reducir demoras durante las diferentes etapas de los procesos.
¿Qué importancia tiene este avance para La Libertad?
La puesta en funcionamiento del subsistema posicionó a La Libertad como la primera sede judicial del país en aplicar esta estructura específica contra la extorsión y el sicariato. La iniciativa busca reforzar la capacidad de respuesta de la administración de justicia frente a delitos que generan preocupación entre la población. La medida también abre una nueva etapa de especialización para los magistrados que atenderán estos casos.
