Trujillo volvió a centrar la atención en un caso que generó impacto entre los vecinos de la urbanización Las Palmas del Golf. La mañana de este jueves se desarrolló una audiencia en la unidad de flagrancia por el proceso seguido contra Marisa Polet Alfaro Cerna, investigada por el atropello que terminó con la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, de 54 años. Los familiares de la víctima llegaron hasta el recinto judicial para exigir que el caso sea sancionado conforme a ley.
¿Por qué la familia exige prisión por homicidio culposo?
Los deudos señalaron que buscan que el delito sea recalificado de lesiones culposas a homicidio culposo, debido al fallecimiento del vigilante ocurrido días después del accidente. Los familiares cuestionaron que la investigada afrontara el proceso en libertad y pidieron una sanción más severa. Además, reclamaron celeridad en las decisiones judiciales para evitar retrasos en el proceso.
¿Qué ocurrió durante la audiencia en la unidad de flagrancia?
El abogado de la familia explicó que la defensa de la investigada presentó una solicitud de terminación anticipada, figura legal que podría reducir la pena. También indicó que antes de evaluar ese pedido, el juzgado debía resolver la incorporación de los familiares como actor civil y de la empresa vinculada al vehículo como tercero civilmente responsable. La audiencia incluyó el debate sobre posibles medidas restrictivas contra la investigada.
¿Cuál es la situación legal de la investigada?
Según la defensa de los deudos, el proceso todavía mantenía la figura de lesiones culposas y la recalificación aún no quedaba formalizada. El abogado precisó que el delito de homicidio culposo contempla penas de entre 4 y 8 años de prisión. También recordó que la acusada era investigada por conducir presuntamente en estado de ebriedad al momento del atropello.
¿Cómo reaccionaron los familiares de Juan Martínez?
Los familiares de Juan Martínez Torres expresaron su indignación y aseguraron que la pérdida afectó profundamente a toda la familia. Durante la cobertura, varios de ellos pidieron que el juez y el fiscal actúen con objetividad y respeten la ley. El caso permaneció bajo seguimiento debido a la conmoción que generó en la ciudad de Trujillo desde el pasado 3 de mayo.
