El alcalde Arturo Fernández y sus funcionarios fueron denunciados por el presunto delito de violencia a la autoridad. La querella fue interpuesta por los regidores que ratificaron la suspensión del burgomaestre por 90 días.
Los concejales acusaron al burgomaestre y sus funcionarios por presunta violencia contra la autoridad, contemplado en el artículo 365 del código penal.
