El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha inhabilitado a Telefónica del Perú para realizar contratos con el Estado peruano durante 36 meses. Esta medida no afectará a los contratos ya vigentes con entidades públicas, pero bloqueará a la compañía de telecomunicaciones de involucrarse en nuevos proyectos con el Estado.
En respuesta, Telefónica del Perú ha emitido un comunicado expresando su intención de tomar medidas legales para «revertir esta desproporcionada sanción». La empresa ha presentado una acción de amparo buscando una medida cautelar para anular la decisión del OSCE. A pesar de esto, la firma asegura que acatará finalmente las disposiciones de las autoridades después del proceso de apelación. «La resolución… resulta totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos», declaró la compañía.
El castigo se instauró después de que el OSCE descubriera que un individuo involucrado en un proyecto de Telefónica con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) había proporcionado información falsa sobre sus grados académicos. La compañía, al conocer los hechos, procedió a despedir y denunciar penalmente al implicado, aclarando que el servicio se ejecutó al 100% sin su participación. La empresa insistió que el servicio prestado fue satisfactorio y no causó perjuicio al Estado peruano, cumpliendo con todas las obligaciones contractuales y brindando el servicio de conectividad requerido por el MTPE.
Finalmente, es crucial mencionar que la resolución del OSCE constituye una segunda instancia, con lo cual se concluyen los procedimientos administrativos y se archiva el expediente. La empresa, no obstante, mantiene su compromiso de rever la sanción y reitera su respeto a las normas y a las determinaciones de las autoridades competentes.
