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Nacional: Perú usa tecnología satelital para detectar minería ilegal e identificar zonas de intervención

Perú utiliza tecnología satelital para detectar minería ilegal

El Gobierno, a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), utiliza tecnología satelital y herramientas de análisis geoespacial para identificar actividades vinculadas a la minería ilegal, incluso en zonas de difícil acceso. Esta información permite a las fuerzas del orden planificar operativos de interdicción contra las organizaciones que extraen minerales ilegalmente y afectan los recursos naturales.

Imágenes del PerúSAT-1 permiten identificar instalaciones clandestinas

Especialistas de la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (DIVAN) procesan imágenes del satélite PerúSAT-1 y otras fuentes para detectar áreas intervenidas, campamentos e instalaciones relacionadas con la minería ilegal. Los informes técnicos elaborados con mapas e imágenes satelitales sirven de apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para orientar las intervenciones en el territorio.

Detectan 236 dragas utilizadas para extraer oro en Madre de Dios

A finales de agosto, el análisis de imágenes de más de 33 mil hectáreas en los distritos de Inambari y Laberinto, provincia de Tambopata, permitió identificar 236 dragas, 118 canaletas para lavar mineral, 242 instalaciones operativas y cinco campamentos clandestinos en la Reserva Nacional de Tambopata. Tras el hallazgo, efectivos de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional, junto con representantes de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, se desplazaron a los puntos identificados para intervenir los espacios y equipos vinculados a estas actividades.

Minería ilegal provocó la degradación de miles de hectáreas de bosque

La evaluación satelital también evidenció la degradación de más de 4 mil hectáreas de bosque amazónico en la zona examinada de Madre de Dios. Según la información difundida, el uso de estas herramientas forma parte de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros para reforzar la identificación y las intervenciones contra esta actividad.