La creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) iniciará con “la instalación de una comisión de transferencia” porque es necesario “identificar todos los recursos a transferir”, desde personal hasta bienes, inmuebles y presupuesto, explicó el coordinador de Implementación de Políticas Públicas del Ministerio de Justicia, Jhon Gamarra.
“Luego de esa etapa empiezan a construirse paralelamente los instrumentos de gestión”, incluida la nueva estructura orgánica que deberá contemplar “un área vinculada al tema de adultos y un área separada pero vinculada al tema de menores de edad”. Esto responde a que el sistema de justicia juvenil y el INPE “van a formar parte de esta superintendencia”, coexistiendo sobre la base de “una gerencia única” pero con un “tratamiento diferenciado”.
Gamarra explicó que tras la transferencia se diseñarán los “cuadros de clasificación del personal”, el “manual de clasificación de cargos” y la definición de presupuestos para cada puesto, respetando siempre “el régimen laboral de origen”. En el caso del personal penitenciario, recordó que existe “una ley especial de carrera penitenciaria” cuyas “líneas de carrera… se tienen que considerar y se van a absorber”. Todo este proceso permitirá reubicar al recurso humano “en estas nuevas estructuras jerárquicas” conforme avancen las etapas técnicas de implementación. Descartó el despedido de personal.
Respecto al fortalecimiento institucional, el funcionario sostuvo que es clave “una mejor selección del profesional y una mejor preparación del personal”, enfatizando que todo trabajador del sistema debe ser “una persona éticamente correcta” y contar con “las competencias adecuadas” para resolver situaciones críticas sin necesidad de “estar poniéndose un supervisor de otro supervisor”. También advirtió que la eficiencia del personal se ve afectada por el hacinamiento, pues, por ejemplo, existen penales con “más de seis mil internos cuando el penal está hecho para mil doscientos”. Aunque hay ampliaciones y nuevas obras en marcha, Gamarra remarcó que el Ministerio de Justicia “no somos una fábrica de penales”, porque enfocarse solo en construir implicaría “no estar previniendo que más personas ingresen a trayectorias delictivas”.
En materia de lucha contra la corrupción, Gamarra fue enfático al señalar que el sistema requiere “una mejor selección del profesional y una mejor preparación del personal”, pues solo así se garantiza la presencia de “personal limpio” tanto en penales como en centros juveniles. Subrayó que quienes trabajan cerca de personas privadas de libertad deben ser “no solamente una persona éticamente correcta”, sino también profesionales capaces de actuar sin necesidad de “estar poniéndose un supervisor de otro supervisor”. Para el coordinador, el objetivo es contar con servidores que no solo “no van a necesitar un control”, sino que simplemente “no lo van a aceptar”, porque la integridad debe ser un estándar básico en toda la estructura de la nueva superintendencia.
