En Lima, la discusión sobre la nueva escala remunerativa de SUNAFIL cobra protagonismo en la agenda nacional. Los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral manifestaron su reclamo por más de dos años y lograron que el Congreso coloque el tema en agenda de votación. Ellos señalan que, pese a velar por los derechos laborales en todo el país, su propia situación es precaria.
La secretaria general del sindicato, Rut Matos Guzmán, explicó que los trabajadores perdieron un 44% de su capacidad adquisitiva en los últimos 11 años. El sueldo promedio de un inspector es de 6,500 soles, pero tras descuentos queda en unos 4,900, monto que consideran insuficiente por las restricciones legales que les impiden tener otras fuentes de ingreso. Ellos sostienen que el esfuerzo y el riesgo de sus funciones no se condicen con su remuneración actual.
¿Qué dicen los proyectos de ley en el Congreso?
Actualmente, existen cinco proyectos de ley que buscan resolver esta problemática. Dos ya recibieron dictamen favorable en las comisiones de Presupuesto y de Trabajo, lo que acerca la votación en el Pleno del Congreso. Los inspectores confían en que este avance legislativo permitirá una solución definitiva y justa.
¿Cuántos trabajadores de SUNAFIL serían beneficiados?
En total, 1,800 trabajadores a nivel nacional, de los cuales 840 son inspectores, esperan la aprobación de la nueva escala. Según la OIT, el Perú requería en 2014 al menos 2,000 inspectores, cifra que debería duplicarse en 2025. Esto refleja la brecha en la capacidad del Estado para fiscalizar y garantizar condiciones laborales dignas en todo el país.
¿Qué riesgos enfrentan los inspectores en su labor diaria?
Los inspectores ingresan a socavones, petroleras y zonas de riesgo para verificar el cumplimiento de normas laborales. También investigan casos de trabajo infantil y forzoso. Rut Matos destacó que son los únicos funcionarios con esta alta exposición, lo que exige una remuneración acorde con la complejidad y peligrosidad de su labor. Su trabajo especializado puede ser determinante en procesos judiciales donde se protegen derechos fundamentales.
