Una nueva ola de redadas migratorias a gran escala ha sacudido varias ciudades de Estados Unidos en las últimas semanas, dejando más de 5.500 detenidos, la mayoría inmigrantes indocumentados. Los operativos, liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se realizan bajo la llamada Operación Safeguard, impulsada por la administración Trump tras la aprobación de la controvertida Ley Laken Riley.
Los procedimientos se han concentrado en ciudades consideradas “santuario” como Los Ángeles, Nueva York, Newark, Chicago y Filadelfia. Activistas y defensores de derechos civiles denuncian que muchas de las personas arrestadas no tienen antecedentes penales y que las redadas violan el debido proceso y generan un ambiente de terror.
Redadas en aumento y métodos agresivos
Según ICE, los arrestos se enfocan en “no ciudadanos removibles” con historial criminal o que representan una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, múltiples organizaciones reportan que muchas detenciones ocurrieron sin orden judicial, en lugares de trabajo, supermercados y paradas de autobús, incluyendo a personas sin antecedentes.
En Los Ángeles, más de 100 trabajadores fueron detenidos en una redada cerca de un Home Depot. “No preguntaban nada, solo nos subían a los carros”, relató Ángel, migrante hondureño que logró escapar. Las escenas de pánico se replicaron en otros sectores como la construcción, la agricultura y servicios domésticos, donde la presencia migrante es fundamental.
La voz de los migrantes y el impacto comunitario
Las redadas han generado un clima de miedo generalizado entre las comunidades migrantes. Muchos padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela y cancelado citas médicas por temor a ser detenidos.
En Newark, Nueva Jersey, vecinos se organizan diariamente frente al centro de detención Delaney Hall para protestar por las condiciones en que permanecen los arrestados. “Aquí estamos para decirles que no están solos”, afirma Marlene González, voluntaria y madre de tres hijos ciudadanos.
En Martha’s Vineyard, Massachusetts, líderes de la comunidad brasileña advirtieron sobre el impacto económico de las detenciones masivas: “Se están llevando a quienes hacen que esta isla funcione. No tienen antecedentes, solo quieren trabajar”, declaró el empresario local João Silva.
Protestas y rechazo de autoridades locales
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. En Los Ángeles se registraron tres días consecutivos de manifestaciones, con bloqueos de avenidas como la autopista 101, enfrentamientos con la policía y más de 200 arrestos. El despliegue de la Guardia Nacional fue duramente criticado por el gobernador de California, Gavin Newsom, y por la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.
“El uso de fuerzas militares contra la población civil es injustificable. La política migratoria no puede criminalizar a quienes solo buscan una vida mejor”, señaló Bass en conferencia de prensa.
Marco legal y controversia
La Ley Laken Riley, aprobada en enero, permite la detención obligatoria de inmigrantes sin acceso a fianza si enfrentan cargos por delitos menores. Diversos abogados argumentan que esta legislación acelera procesos de deportación sin ofrecer garantías mínimas de defensa.
“Estamos ante un Estado que prioriza la deportación sobre la justicia. Lo más grave es que muchos arrestados ni siquiera han sido formalmente acusados”, advirtió la abogada de inmigración Carla Méndez, del American Immigration Council.
Mientras ICE continúa con las redadas y la administración federal refuerza su política de “tolerancia cero”, miles de familias migrantes viven con miedo a ser separadas. Pese al clima de incertidumbre, la resistencia crece en las calles y en las redes de apoyo legal y comunitario.
“No nos vamos a esconder más”, expresó en megáfono una joven manifestante en Los Ángeles. “Nuestros padres llevan años trabajando por este país. No somos criminales. Somos parte de esta nación”.
