El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, advirtió que la inseguridad que golpea al norte del país tiene un origen estructural, un nexo directo con economías ilegales y la incompetencia de las autoridades. En ese contexto, sostuvo que el Estado debe asumir la iniciativa en la lucha contra el crimen con una política firme que deje claro que los extorsionadores y sicarios solo enfrentan “pasar el resto de su vida en un penal” o responder ante la fuerza de la ley.
Belaúnde Llosa cuestionó las propuestas de pena de muerte o de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las calificó como “una salida facilista que no resuelve nada”. Afirmó que la criminalidad debe combatirse “con inteligencia, quirúrgicamente”, mediante investigación criminal, uso de tecnología, interceptación de comunicaciones y cruce de información financiera. “Un sicario está dispuesto a morir por 500 soles, la pena de muerte no lo va a disuadir”, afirmó, al insistir en que el objetivo es capturar y desarticular organizaciones criminales utilizando todas las herramientas legales del Estado.
Finalmente, el candidato vinculó la inseguridad con el modelo económico y tributario vigente, al señalar que la extorsión prospera donde hay informalidad y abandono estatal. Planteó empoderar a las micro y pequeñas empresas, reducir el costo de la formalización y terminar con privilegios tributarios que —según dijo— benefician a grandes corporaciones mientras el pequeño empresario paga altos impuestos y además “cupos” a las mafias.
Anunció que, de llegar al gobierno, “no habrá luna de miel” y que el primer día se deben derogar “todas las leyes que han favorecido al crimen”, desmantelar el andamiaje normativo que protege a delincuentes y políticos, y lograr que el Estado “deje de ser parte del problema y empiece a ser parte de la solución”.
