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Trujillo: alerta presunta publicidad estatal indebida en Huanchaco y La Esperanza

En el contexto del proceso rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una nueva controversia surgió en Trujillo. El abogado y especialista en Derecho Electoral, Tomás Alva, presentó una alerta ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo por un presunto caso de publicidad estatal indebida en las municipalidades de Huanchaco y La Esperanza. La observación busca que la autoridad electoral determine si existió un uso inadecuado de recursos públicos durante el periodo electoral.

¿Por qué se denunció una presunta publicidad estatal indebida?

Tomás Alva informó que, en su condición de ciudadano, puso en conocimiento del Jurado Electoral Especial de Trujillo la difusión de publicaciones en las redes sociales institucionales de las municipalidades de Huanchaco y La Esperanza. Según explicó, en dichas publicaciones se promocionaría la imagen de los alcaldes durante la ejecución de obras y otras actividades oficiales, situación que deberá ser evaluada por la autoridad electoral.

¿Quiénes son las autoridades involucradas?

La alerta alcanza a los alcaldes Efraín Bueno, de Huanchaco, y Wilmer Sánchez, de La Esperanza. De acuerdo con el especialista, ambos participarán como candidatos en las próximas elecciones del 4 de octubre: Bueno postulará como regidor provincial en la lista de Mario Reyna, mientras que Sánchez buscará convertirse en primer regidor de su distrito. Los dos candidatos integran las filas del partido Alianza para el Progreso.

¿Qué evaluará el Jurado Electoral Especial?

El Jurado Electoral Especial de Trujillo deberá analizar la documentación presentada y determinar si las publicaciones observadas se ajustan a la normativa electoral vigente o constituyen un caso de publicidad estatal prohibida. La decisión dependerá de la evaluación de las pruebas y del marco legal aplicable.

¿Por qué este caso resulta importante para el proceso electoral?

El especialista señaló que el objetivo de la denuncia es garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y preservar la igualdad de condiciones entre los participantes del proceso electoral. El pronunciamiento del Jurado Electoral Especial será determinante para establecer si existió una infracción y las medidas que correspondan conforme a la ley.