La solicitud de la Fiscalía para ampliar la incautación del patio de comidas de Real Plaza generó preocupación por sus posibles efectos económicos en Trujillo. El economista Francisco Huerta Benites, decano del Colegio de Economistas de La Libertad, sostuvo que si bien los aspectos legales deben seguir su curso, también es necesario evaluar el impacto que esta medida tendría sobre el empleo y las inversiones.
PROYECTO DE 500 MILLONES PODRÍA SEGUIR PARALIZADO
Huerta recordó que la empresa anunció recientemente una inversión superior a 500 millones de soles, la cual proyectaba generar alrededor de 12 mil empleos. Según explicó, una prolongación de la medida impediría fijar una fecha de inicio para el proyecto y retrasaría beneficios económicos esperados para la provincia. Además, indicó que esa cifra equivaldría a reducir en más de la mitad el desempleo actual registrado en Trujillo.
ADVIERTEN PÉRDIDAS MILLONARIAS PARA LA ECONOMÍA LOCAL
El especialista estimó que la paralización de actividades asociadas al complejo comercial representaría una pérdida cercana a 3,5 millones de soles diarios en actividad económica bruta. Este impacto incluiría menores ventas, reducción de salarios, caída en compras a proveedores y menor recaudación tributaria. Asimismo, señaló que los efectos alcanzarían a pequeños negocios y emprendedores que forman parte de la cadena comercial vinculada al centro comercial.
PIDEN EQUILIBRIO ENTRE PROCESOS LEGALES Y REACTIVACIÓN
Francisco Huerta consideró que los procedimientos judiciales pueden continuar sin afectar la reactivación económica de la zona, especialmente luego de más de 16 meses de investigaciones y peritajes. Afirmó que la provincia enfrenta desafíos como el desempleo juvenil, la informalidad y los bajos ingresos, por lo que resulta fundamental fomentar nuevas inversiones. Finalmente, señaló que la decisión final sobre la solicitud de la Fiscalía corresponderá al Poder Judicial.
