El presidente de Perúcámaras, Oscar Zapata, cuestionó la nueva Ley del Crimen Organizado aprobada por el Congreso y no observada por la presidenta Dina Boluarte porque considera que favorece a los delincuentes y corruptos, pues acciones de inteligencia como el “agente encubierto”, la “remesa controlada” y la “observación, vigilancia y seguimiento”, ya no podrán ejecutarse en la persecución de más de 30 delitos al ser excluidos por la norma.
“Es una norma que va contra la sociedad y, contraviene acuerdos, normas y convenios internacionales. Hoy, queda claro que el aumento de la inseguridad ciudadana requiere de nuevas autoridades que la confronten, no que lo esquiven ni la protejan. Exhorto a las instituciones facultadas por la Constitución, a que presenten una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 32108, que limita los alcances de la calificación de crimen organizado y que, en tanto el Tribunal Constitucional determine su inconstitucionalidad, el Poder Judicial inaplique dicha ley”, expresó.
