El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Baldomero Marchena Tacure, fue condenado a seis años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de colusión agravada en agravio del Estado, tras un proceso judicial por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de mantenimiento de caminos vecinales en 2020, en Piura. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.
Fiscalía acreditó irregularidades en contrataciones
El Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Sullana, a cargo del juez Godofredo Álvarez Flores, dictó la condena contra el exburgomaestre. Según la información fiscal, la pena, tras descontar el tiempo de carcelería por este caso, se cumplirá hasta el 1 de octubre de 2031.
La investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Jorge Ortiz Purizaca, quien sustentó la acusación durante un juicio oral que se extendió por seis meses.
Detectaron presunto favorecimiento a empresa
De acuerdo con el Ministerio Público, Baldomero Marchena Tacure y los exintegrantes del comité de selección municipal Raúl Abelardo Reyes Palacios, Cristian Eduardo Merino Samamé y Rolando Alejandro Arrieta concertaron ilegalmente para favorecer a la empresa Transportes y Negocios Generales Reyna del Cisne EIRL, representada por Alcides Merino Aniceto.
La Fiscalía sostuvo que los implicados acordaron el pago de presuntos sobornos equivalentes al 10 % del valor referencial de cada servicio. Como resultado, el 3 de agosto de 2020, la empresa obtuvo 19 de los 52 servicios incluidos en la licitación: ocho de manera individual y once en consorcio.
Incorporaron requisitos para excluir competidores
La investigación fiscal también determinó que se incorporaron dos requisitos que, según la acusación, no estaban contemplados en las bases estándar del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), establecidas en la Directiva N.° 007-2020.
Los documentos cuestionados fueron la Declaración Jurada de Responsabilidad del Contratista y el Informe CSMS (Control de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), firmado por profesionales.
Para sustentar la acusación, el fiscal presentó declaraciones de colaboradores eficaces, corroboradas con pruebas documentales, periciales, testimoniales y digitales.
