Perú vive semanas donde la inseguridad y la corrupción ocupan la agenda diaria. Y ahora el tema vuelve a poner al sector público bajo la lupa: perjuicio económico en el megaproyecto para la conducción de la quebrada San Ildefonso en Trujillo. La Contraloría General de la República identificó irregularidades de más de 16 millones de soles solo en la fase de diseño y ejecución. En medio de este escenario, el consejero regional Robert de la Cruz pidió sanciones inmediatas y ejemplares.
¿Cómo se originó este perjuicio económico detectado por la Contraloría?
Según el informe oficial, la Contraloría detectó que funcionarios suscribieron un acuerdo sin sustento técnico ni respaldo contractual válido. Esta decisión benefició directamente al contratista permitiendo ampliaciones de plazos sin imponer multas correspondientes que rozaban casi dos millones de soles. La entidad precisó que estos actos están documentados.
¿Por qué el contratista recibió más plazo y más dinero?
Durante una fase de la construcción, el contratista también obtuvo el reconocimiento de otros 203 días calendarios adicionales para terminar el proyecto. Además, se gestionó un pago extra de S/ 25.8 millones. De ese monto se desembolsó ya S/ 7.1 millones pese a los incumplimientos técnicos detectados. La autoridad anticorrupción concluyó que faltaron estudios preliminares y geotécnicos que permitieran evaluar correctamente el terreno.
¿Cuánto aumentó el presupuesto por deficiencias técnicas?
El presupuesto del megaproyecto se incrementó en más de 7 millones de soles debido a la ausencia de estudios básicos obligatorios antes de iniciar la obra. Por ello, la Contraloría estableció responsabilidades presuntas en dos funcionarios y tres servidores de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). El caso está en evaluación para determinar sanciones y posibles derivaciones fiscales o penales.
¿Para qué sirve este proyecto de la quebrada San Ildefonso?
El objetivo principal es evitar inundaciones en cuatro distritos de Trujillo cuando se registren lluvias intensas. Por ello, la magnitud del perjuicio económico preocupa a las autoridades regionales. El consejero Robert de la Cruz señaló públicamente que el dinero fiscal debe ser resguardado, sobre todo en proyectos que impactan directamente en seguridad y mitigación de riesgos en temporada de lluvias.
