El candidato presidencial de Progresemos, Paul Jaimes, sostuvo que la incapacidad del Estado para enfrentar la criminalidad organizada se origina en fallas estructurales del sistema político y no únicamente en las limitaciones del marco internacional. En ese sentido, planteó avanzar de manera paralela en dos frentes: el retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una reforma constitucional que permita aplicar el estado de sitio en el orden interno. “Hay que tomar las cosas con seriedad”, afirmó, al señalar que las medidas actuales no han logrado contener la violencia.
Desde su perspectiva, el principal obstáculo para combatir el crimen no es jurídico sino político. Jaimes acusó al Congreso de la República de haber aprobado normas que favorecen a las organizaciones criminales y de bloquear soluciones reales pese a contar con mayoría parlamentaria. “Si el Congreso aprobó muchas leyes pro crimen, lo que corresponde es que se deje sin efecto”, señaló, y añadió que esas mismas bancadas “pretenden reelegirse” luego de décadas sin resolver el problema de la inseguridad. Para el candidato, esta conducta evidencia que “todas las instituciones que tenemos son responsables de la ola delincuencial”.
Jaimes también cuestionó al Ejecutivo y a la gestión gubernamental actual, al considerar que el estado de emergencia se ha convertido en una medida ineficaz. Recordó que el país ya ha superado “los 300 asesinatos pese al estado de emergencia”, lo que —dijo— demuestra que “no da para nada”. Frente a ese escenario, llamó a un cambio de políticas de Estado y a una respuesta más drástica para recuperar el control territorial. “Hay una deuda social, hay que pacificar el país”, afirmó, insistiendo en que su propuesta prioriza “los derechos humanos de los buenos peruanos” frente al avance del crimen organizado.
